Hace diez años, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la resolución 2286 sobre la atención de la salud en los conflictos armados. La situación actual es aún peor que hace diez años. Hoy no conmemoramos un logro, sino un fracaso.
Los actos de violencia contra las instalaciones, el transporte y el personal de atención médica no cesan, de modo que el daño que esa resolución procuraba evitar no ha disminuido. Ha continuado y, en muchos contextos, se ha intensificado. En nuestra calidad de dirigentes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Médicos Sin Fronteras (MSF), nos unimos a otros miembros de la comunidad internacional para hacer un llamamiento urgente a la acción.
Cada día nuestros equipos presencian, en primera línea de las crisis más devastadoras del mundo, las catastróficas consecuencias de la vulneración de la inviolabilidad de la atención de la salud. Los hospitales quedan reducidos a escombros, las ambulancias se topan con impedimentos y sufren retrasos, y los médicos, el personal de enfermería y los pacientes se ven envueltos con demasiada frecuencia en ataques que se saldan con muertes y lesiones. Los pacientes mueren por heridas que podrían haberse tratado, las mujeres se ven obligadas en ocasiones a dar a luz sin una atención adecuada, y comunidades enteras dejan de poder acceder a servicios que salvan vidas. Que la atención de la salud deje de ser segura suele ser la señal de advertencia más clara de que las reglas y las normas destinadas a limitar el daño de la guerra se están infringiendo. Cuando los hospitales y quienes brindan atención médica sufren ataques, nos enfrentamos no solo a una crisis humanitaria, sino a una crisis de humanidad.
Los Estados y todas las partes en los conflictos armados deben cumplir las normas que protegen la atención de la salud. La obligación que impone el derecho internacional humanitario (DIH) de «respetar y hacer respetar... en toda circunstancia» exige a los Estados no solo cumplir esas normas ellos mismos, sino también ejercer toda la influencia posible para velar por que otros Estados y partes en conflicto hagan lo mismo.
Las recomendaciones del Secretario General de las Naciones Unidas que acompañaban a la resolución 2286 siguen constituyendo una hoja de ruta clara y aplicable para los Estados. El CICR, la OMS y MSF, con su presencia en situaciones de conflicto, sus conocimientos médicos y su capacidad operacional, están preparados para prestar apoyo a los Estados en la aplicación de estas medidas fundamentales.
También recordamos la resolución 65.20 de la Asamblea Mundial de la Salud, adoptada en 2012, en la que se pedía que la OMS documentara los ataques a la atención de la salud y presentara informes al respecto de manera sistemática. Mejorar la presentación de informes coherentes y transparentes es esencial para construir la base empírica, fundamentar la prevención y la respuesta, y respaldar la rendición de cuentas.
Para respetar y promover la exigencia de la resolución 2286 de «que todas las partes en los conflictos armados cumplan plenamente las obligaciones dimanantes del derecho internacional... a fin de asegurar el respeto y la protección de todo el personal sanitario y el personal humanitario dedicado exclusivamente a misiones médicas, sus medios de transporte y equipo, los hospitales y otros establecimientos sanitarios», y para evitar diez años más de deterioro de las normas y violencia injustificable que afecte a la atención de la salud en las situaciones de conflicto, instamos a todos los Estados a aplicar con urgencia las medidas siguientes:
- traducir los compromisos existentes en acciones concretas para aplicar la resolución 2286 y promover de manera activa los esfuerzos positivos, incluido el resultado de la línea de trabajo de la Iniciativa Mundial sobre DIH para lograr una protección efectiva de los hospitales;
- integrar la protección de la atención de la salud en la doctrina, las reglas de enfrentamiento y las orientaciones operacionales de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad para hacer efectivas las obligaciones que impone el DIH;
- revisar, promulgar y fortalecer las leyes nacionales a fin de proteger la atención de la salud en los conflictos armados;
- asignar recursos financieros, técnicos y operacionales suficientes para aplicar medidas que protejan la atención de la salud y promuevan el respeto a su prestación;
- utilizar todos los medios disponibles para influir en otras partes en conflicto — incluso si reciben cualquier tipo de apoyo por parte de los Estados— con el fin de que cumplan su obligación de proteger la atención de la salud;
- llevar a cabo investigaciones rápidas, transparentes e imparciales de los ataques a la atención de la salud y apoyar las iniciativas para velar por la rendición de cuentas en consonancia con los marcos jurídicos aplicables; e
- informar de forma periódica y con transparencia sobre la aplicación de la resolución 2286, incluidos los avances, las dificultades, las buenas prácticas y las enseñanzas extraídas para apoyar su aplicación plena.
Hace diez años, la comunidad internacional reafirmó que el derecho de la guerra debe respetarse y que debe protegerse a los heridos y enfermos, así como a quienes los cuidan. Hoy se siguen dañando y destruyendo establecimientos de salud. El personal médico y los pacientes siguen viéndose envueltos en ataques que se saldan con muertes y lesiones. Eso no es un fracaso de la ley. Es falta de voluntad política.
Instamos a los dirigentes mundiales a actuar y mostrar el liderazgo político necesario para poner fin a esta violencia. La atención de la salud nunca debe ser una víctima de la guerra.